Como personas del colectivo de salud mental queremos llamar
la atención de la población general por el Proyecto de Reforma del Código Penal, aprobado en el Consejo de Ministros el 20/09/2013 y que ha sido
remitido a las Cortes Generales.
Este proyecto vulnera los derechos civiles, cercena las
libertades de la mayoría de la población y atenta contra los preceptos de la
Constitución. Incluso el Consejo General del Poder Judicial considera el
proyecto inconstitucional.
Las nuevas propuestas criminalizan los movimientos sociales
y son especialmente discriminatorias con los colectivos más vulnerables
socialmente, como los migrantes y las personas con un diagnóstico
psiquiátrico. Además, es incompatible con la convención de la ONU sobre los
derechos de las personas con discapacidad.
Actualmente, en principio, todas las personas somos iguales
ante la Ley y tenemos los mismos derechos, estemos o no diagnosticadas de un
Trastorno Mental. Con los cambios propuestos en el proyecto, explícitamente
dejaríamos de serlo. El nuevo código equipara enfermedad mental con
peligrosidad y tipifica a la persona con trastorno mental como Sujeto
Peligroso.
Asociar el trastorno mental con peligrosidad es
una idea prejuiciosa, porque los hechos la desmienten. Sistemáticamente,
la investigación señala que somos más objeto de maltrato, discriminación y
abusos, que no perpetradores de los mismos.
Entre la pérdida de derechos civiles, podemos mencionar que
una persona podrá ser o permanecer encerrada incluso por delitos que no ha
cometido, en previsión de los que pueda cometer en el futuro. Actualmente, una
persona no puede ser condenada por un acto que no ha realizado. Con la reforma,
la presunción de posibles delitos será motivo de condena.
En el Código Penal vigente, si una persona es declarada
inimputable por motivos de salud mental, no se le puede imponer una pena. En su
lugar, se aplica una Medida de Seguridad, privativa o no de libertad.
Usualmente, consiste en un internamiento psiquiátrico. Pero la duración del
encierro nunca puede ser mayor a la pena que se le hubiese impuesto en caso de
ser imputable. Con el cambio que propone el proyecto, el encierro puede ser
perpetuo. Ya no habrá límite temporal a la reclusión en un centro psiquiátrico
como Medida de Seguridad. Una persona con un diagnóstico de salud mental que ha
cometido un delito, independientemente de la gravedad de ese delito, puede
permanecer en un centro psiquiátrico indefinidamente, incluso de por vida.
Otra de las medidas de seguridad que contempla el proyecto
es la Libertad Vigilada. En este caso, aunque se acabé el internamiento
impuesto, la vigilancia de la persona continúa. Y, como el encierro, también es
prorrogable de manera indefinida. Hasta ahora, una vez que se cumple el tiempo
equiparable a la pena, la aplicación de las medidas de seguridad impuestas se
acaba. Con el nuevo Código Penal, la Libertad Vigilada se plantea también como
perpetua, violando el principio según el cual las Medidas de Seguridad no
pueden resultar más graves que las penas aplicables al delito cometido.
Asímismo, otra medida propuesta que profundiza la pérdida de
derechos y libertades se refiere al Tratamiento Médico Forzoso. El
proyecto impone también la obligación de someterse a un tratamiento ambulatorio
involuntario. Como todas las medidas de seguridad antedichas, también puede ser
aplicado a perpetuidad. Actualmente, la negativa de la persona al tratamiento
médico no se considera incumplimiento de las medidas de seguridad. Con el nuevo
código, toda persona diagnosticada que se encuentre bajo libertad vigilada
podrá ser forzada a presentarse de manera regular y periódica ante un médico,
psiquiatra o psicólogo y a medicarse.
En la actualidad ya hay ingresos involuntarios y medicación
forzosa, pero si el proyecto prospera los encierros psiquiátricos ya no serán
medidas tomadas con criterios sanitarias, sino judiciales. Además, la
medicación forzosa se aplicará incluso una vez recibida el alta hospitalaria y
las personas diagnosticadas quedaremos bajo vigilancia de los poderes del
Estado el resto de nuestra vida.
Nos encontramos ante un proyecto de ley basado en prejuicios
y estereotipos discriminatorios, unas decisiones omnipotentes, unos efectos de
poder indeterminables y unos recortes de las libertades individuales y
colectivas que violan los derechos humanos fundamentales.
Teniendo en cuenta que buena parte de los diagnósticos de
salud mental se catalogan como crónicos, la peligrosidad atribuida a estas
patologías también se concebirá como crónica y, con ello, las medidas de
seguridad que se impongan. De este modo, recibir un diagnóstico de salud mental
puede ser una condena a perpetuidad.
Hay que tener en cuenta que, según la Organización Mundial
de la Salud, 1 de cada 4 personas pasa, ha pasado o pasará un problema de salud
mental. Además, el abanico de comportamientos considerados patológicos por la
institución psiquiátrica crece día a día. Por lo tanto, cada vez será mayor el
número de personas que se verán expuestas a los efectos perversos del nuevo
Código Penal.
Este anteproyecto, además, no afecta sólo al colectivo de
salud mental. En la situación actual, de crisis y desmantelamiento de la sanidad,
se abre la puerta a que los problemas de salud, y los conflictos sociales en
general, sean, aún más, criminalizados y judicializados por el mismo sistema
que nos enferma.
Teniendo en cuenta que la peligrosidad es un concepto
especulativo, atribuido arbitrariamente y que no necesita basarse en hechos
para aplicarse, puede servir, en un contexto de descontento y contestación
social, para criminalizar y neutralizar la disidencia.
Ante estas reflexiones, exigimos: No regresar a una
legislación franquista, al Código Penal de 1973 o a versiones anteriores y a la
aceptación del control penal de los colectivos socialmente más vulnerables.
Desde esta preocupación, que esperamos que sea compartida,
hacemos un llamamiento a todos los colectivos y a todas las personas a
posicionarse sin ambigüedades frente a esta nueva agresión contra las
libertades y los derechos fundamentales.
Firman este Manifiesto (entre otras asociaciones y/o colectivos):
ActivaMent
Catalunya Associació — Asamblea de
Majaras — Associació
Sociocultural Radio Nikosia — Associació Bipolars de Catalunya — Associació Emilia
Barcelona — Castelldefels Associació de Malalts Mentals — Associación Grupo de
Teatro Imagina — Associació
AADDMM Terraferma — Associació Mentaliza’t — Saräu Associació d’Oci Inclusiu
La locura es un sueño negligente pero parcial, no todos los psicóticos asimilan la maldad, y cuando lo hacen, tienen derecho a rehacerse. Esta ley, prejuiciosa, es alevosamente totalitaria, y vejatoria. Lo siento, es populista. Intolerable en un democracia, que se dice liberal.
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